Chaman57
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| Escrito el: 10 de Abril de 2007 a las 13:25
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El jugador no es culpable de serlo, es responsable por estar dentro de una adiccion que como muchas otras lo atrapa si saber las consecuencias, lo que no le quita de apechugar con estas, el politico corrupto es ademas de culpable responsable de su enriquecimiento no justificado con sus ingresos como tal, las fianzas que impone la justicia para librarse de la carcel a espera de juicio, en muchas ocasiones estan muy por debajo de lo supuestamente defraudado o robado.
¿Es la politica para algunos, un trampolin al pelotazo?
Porque entre los politicos, jueces, curas u obispos, ampararse y poder vestir de paisano o anonimamente, para estos, tiene sus vetajas, tambien hay muchos ludopatas de alto standing, no nos enganñemos, la ludopatia no es en ningun caso patrimonio de culturas o inculturas, de riqueza o pobreza, el casino les da mucho cartel y vete tu a saber si algun que otro favor de apertura, ser jugador de casino puede ser una fuente de primeros contactos.
Entre muchos mas casos de corrupcion y que aun no se saven pero que se investigan como el de Marvella, famoso caso ""Malaya"" con ser lo escandolosos que son, puede que sea la punta del iceberg de lo que aun quede por descubrir en donde el juego no se escapara por mucho que intenten encubrirlo, el de Terra Mitica y Eduardo Zaplana por ejemplo ¿Se sabra algun dia la verdad?
CASO DE LA MINERIA
En julio de 1995 el Tribunal Supremo condenó a ocho años de inhabilitación
por prevaricación continuada a Miguel Angel Pérez Villar, ex senador y
consejero de Economía cuando José María Aznar presidía Castilla y León. La
sentencia consideró probado que el ex consejero, con la complicidad de
Javier Valenzuela, director general de la consejería, subvencionó
ilegalmente a compañías mineras, algunas de las cuales estaban asesoradas
por un gabinete dirigido por la esposa de Pérez Villar.
Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, vio
frenada su caciquil manera de entender la política cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria le condenó en octubre de 1994 a seis años
de prisión mayor y 14 de inhabilitación por prevaricar y malversar caudales
públicos. Junto a Hormaechea, que gobernó la comunidad con el apoyo firme
del PP, fueron condenados el ex presidente de esta formación en Cantabria
Roberto Bedoya y otros dos consejeros, el de Sanidad y Obras Públicas y el
de Economía. El fallo afirma que el Gobierno no cumplía "los más elementales
trámites exigidos por la ley". La oposición siempre reclamó a Hormaechea
dónde fueron a parar los millones de más que costaron algunos de sus
proyectos, como el parque zoológico de Cabárceno --que pasó de los mil
millones previstos a 6.000-- o el tramo Tojo-Bárcena, que de los 39 millones
iniciales alcanzó los 1.700.
Según la denuncia presentada por el presidente de la Diputación de Zamora,
Antolín Martín, suspendido de militancia del PP, los dirigentes populares
que gobernaron este organismo de 1987 a 1991 cobraban el "impuesto" de dos
millones de pesetas y el 8 % de comisión de cada obra pública para financiar
el partido. En aquel tiempo, el presidente de la Diputación era Luis Cid
Fontán, citado por Eduardo Corrales, empresario y ex militante del PP, como
uno de los encargados de las operaciones. Antolín Marín acusa, entre otros,
a José Manuel Peñalosa, ex vicepresidente de la Diputación de Zamora y
portavoz del PP en la comisión de control de RTVE, como el encargado de
cobrar las comisiones. José María Caballero, fiscal jefe que investiga el
caso en la Audiencia Provincial, podría hacer pública esta semana
actuaciones judiciales contra algunos de los implicados. La oposición cifra
en unos 1.500 millones de pesetas el daño hecho a las arcas públicas.
CASO SOLLER
El ex presidente de Baleares y del PP Balear Gabriel Cañellas, el ex
consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz, el ex gerente del PP José Antonio
Beristain y el empresario Antoni Cuart, propietario de la empresa que
recibió la concesión de la obra del túnel de Sóller, fueron absueltos en
julio pasado del delito de cohecho, cometido en 1988, porque el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares consideró que ya había prescrito. Cuart,
Cañellas y su esposa, Amparo Rotger, eran propietarios de la empresa
Salinera Española cuando se concedió la licencia de construcción del túnel a
una firma de Cuart llamada Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. En
esta misma sentencia, se admite que Cuart entregó a Cañellas 50 millones de
pesetas, pero consideró que la concesión de la obra había sido "justa y no
delictiva". La instrucción puso al descubierto pagos irregulares, varios de
ellos destinados al PP, y una factura falsa de 140 millones en la
contabilidad de la constructora de Cuart. También permitió conocer que la
Fundación Illes Balears, creada y controlada por Cañellas, había ingresado
más de mil millones en seis años.
Que conste, la politica me importa un bledo, quien la haya hecho, que la pague sea del color que sea.
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Chaman57
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